Una reforma judicial en Venezuela no puede reducirse a la sustitución de magistrados ni a la reconfiguración de las salas del TSJ
Para el diputado y consultor político Aníbal Sánchez, una reforma judicial en Venezuela no puede reducirse a la sustitución de magistrados ni a la reconfiguración de salas del Tribunal Supremo de Justicia. Esa visión, aunque necesaria en determinados momentos, es superficial si no se acompaña de una transformación estructural, normativa y cultural del sistema de justicia.
La experiencia confirma este riesgo: los procesos de “renovación” del máximo tribunal han sido impulsados sin alterar necesariamente los problemas de fondo, como la dependencia política o la falta de confianza ciudadana . Por ello, una verdadera reforma judicial debe concebirse como una política de Estado, progresiva y sistémica, orientada a reconstruir la institucionalidad.
El primer aspecto esencial para una #ReformaJudicial es la independencia judicial Aunque la normativa venezolana establece que el Poder Judicial es autónomo y que los jueces deben actuar con imparcialidad en la práctica estos principios han sido debilitados. Se debe garantizar:
- Mecanismos transparentes de selección y remoción de jueces
- Protección frente a presiones políticas o económicas
- Carrera judicial basada en méritos, evaluación y formación continua
Otro aspecto es la eficiencia del sistema. El retardo procesal, la congestión de causas y la falta de acceso oportuno a la justicia erosionan la legitimidad institucional. En la consultas es de esperar surja la necesidad:
- Modernización tecnológica (expedientes digitales, audiencias virtuales)
- Reingeniería de procesos judiciales
- Fortalecimiento de tribunales de primera instancia
Un tercer eje es la seguridad jurídica, que exige coherencia en las decisiones judiciales y límites claros a la interpretación de las leyes. Incluso algunos creen que se debe limitar el alcance interpretativo del tribunal constitucional para evitar distorsiones
Asevera Sánchez, que una reforma auténtica debe incorporar la dimensión ética y ciudadana, promoviendo confianza en la justicia mediante transparencia, rendición de cuentas y acceso equitativo.
Un nuevo Código Judicial puede llevar a la revisión de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en lo que tiene que ver con la composición y competencias de sus salas; establecer límites a la discrecionalidad, y como fortalecer los mecanismos de control interno. La Ley Orgánica del Poder Judicial un marco normativo que data de 1998 de debe modernizar el ejercicio de la carrera judicial; reforzar la autonomía administrativa y financiera. Los Códigos procesales (penal, civil, laboral, contencioso-administrativo) Para lograr la simplificación de procedimientos, Reducir lapsos e Incorporación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos; incluso llegar a un Código de Ética del Juez Venezolano
Desde una visión responsable, el desafío es construir un Poder Judicial que garantice justicia imparcial, eficiente y accesible, donde la ley prevalezca sobre el poder. Solo así podrá hablarse de una reforma auténtica, capaz de acompañar la reconstrucción democrática del país.
